Por tratarse de un territorio en que el tribunal constitucional puede moverse con libertad, el pleno pudo haber apoyado el dictamen del ministro Zaldívar
Una vez más, y ahora con mayor sinceridad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia se negó a crecer, a hacer de esa institución un órgano al mismo tiempo dotado de solidez institucional y de audacia social, que no son términos incompatibles, sino necesarios. Los invitó a hacerlo, al presentar el proyecto de dictamen sobre la Guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar. La Corte podía haber aceptado esa invitación. Se negó a hacerlo.
No la contuvo su respeto a otros poderes, pues no era verdad que intentara situarse por encima de ellos. Frenó sus posibilidades una timidez, acaso timoratez que ya había dado cuenta en otros procesos de investigación constitucional.
Nadie pedía, menos que nadie el ministro Zaldívar, que el tribunal constitucional relajara los rigores formales a que está sujeto cuando ejerce sus funciones jurisdiccionales.
En ese terreno es exigible que la Corte no haga de la interpretación un imaginativo recurso de creación jurídica, lo que le está vedado por la división de poderes, ya que toca al Poder Legislativo la gestación de la norma legal, no a los tribunales, ni siquiera al que está en la punta de la pirámide institucional de impartición de justicia.
El ministro Zaldívar colocó su proyecto en el corazón de lo que significa la facultad de investigación establecida en el segundo párrafo del articulo 97 constitucional.
La excepcional facultad allí contenida, nunca reglamentada por el Congreso, abrió desde siempre las puertas a la interpretación del propio órgano facultado. Atribuirse funciones no es un acto de soberbia institucional ni de abuso del poder.
Lo ha hecho el Poder Judicial aun en ejercicio de su papel jurisdiccional. ¿No ha establecido los juzgados de control conforme a reglas generales a falta de norma legislativa? ¿No ha normado el procedimiento a que se sujeten las investigaciones que autoriza el artículo 97? Con la misma autoridad con que reguló la Corte su atribución investigadora, pudo haber trazado el dilatado espacio que dote de sentido a esa facultad excepcional. La Corte tuvo la oportunidad de roturar ese espacio.
Zaldívar le dio esa oportunidad. Pero, al modo de Nervo en otra circunstancia, cerró lo ojos y la dejó pasar.
Como en otras ocasiones, la mayoría del pleno incurrió en una grave incongruencia, si no en una suerte de bipolaridad judicial.
Reconoció, porque la evidencia del informe preliminar recogida en el proyecto de dictamen era abrumadora, que en el caso expuesto a su consideración, en que murieron de modo horrible 49 niñas y niños y otros tantos padecieron, padecen aún y padecerán males permanentes, que ello fue consecuencia de grave violación de garantías individuales.
Pero en su opinión, tales violaciones se produjeron solas, no hubo quien las perpetrara. Rehusaron enriquecer el sistema jurídico mexicano con la noción de responsabilidad constitucional. Se negaron a entreverar el derecho con la ética, posible en el anchuroso campo de la indagación constitucional prevista en el 97, abominado dicho sea de paso por una mayoría de miembros de la Corte.
Incurrieron también, Zaldívar incluido, en otra grave incongruencia, con un criterio que de extenderse convertiría automáticamente a la economía subterránea en economía formal.
El informe preliminar reparó en la ilegalidad del mecanismo de subrogación, de privatización de un servicio público.
Sólo 12 de las 1,500 guarderías del país están legalmente subrogadas, puesto que las instalaron y operan patrones.
Y en vez de declarar en su dictamen la ilegalidad del sistema, la Corte lo cohonestó fundada en la falacia de que el IMSS no podría atender directamente a la población derechohabiente en ese rubro.
La Corte hubiera tenido que declarar, sin alejarse del pragmatismo de que dio cuenta su presidente, que a partir de ahora no se practicará la llamada subrogación y no se renovarán los contratos vencidos y el Instituto asumirá directamente la obligación que la ley le impone.
Quiso el azar que el ministro dictaminador fuera Zaldívar. Sustituyó al ministro Fernando Franco que declinó la encomienda, y por que su turno estaba fijado con anterioridad.
Amén de los juicios adversos de sus colegas, Zaldívar tuvo que soportar la crítica pública, carente de información la mayor parte de ella, que lo acusó de protagónico, de buscador de reflectores, de actuar no para el pleno sino para la galería.
Como integrante de un poder público, Zaldívar está sujeto al escrutinio de la sociedad, pero éste es productivo cuando considera los factores de una conducta y no un acto aislado.
En su discurso ante sus nuevos compañeros, al tomar posesión de su sitial, Zaldívar se manifestó precisamente contrario al individualismo y el protagonismo, consciente de su pertenencia a un cuerpo colegiado.
No aprovechó, con oportunismo, la ocasión para el lucimiento personal. Al construir su proyecto de dictamen no hizo más que aplicar sus convicciones, ya anticipadas al hablar ante el Senado que lo eligió. Se siente parte de una Corte que debe situarse en la consolidación de la democracia.
Y propuso la generación de una doctrina constitucional que, entre otros fines, "permita emprender una mayor actividad en la protección y desarrollo de los derechos humanos". Y podemos entender que no sólo en su función jurisdiccional sino en el ámbito pesquisitorio, conforme el credo del ex ministro Guillermo Guzmán Orozco, "la función del juez constitucional es defender al pueblo frente a los abusos del poder".
